La presente ley, que se aplicara a partir del cargo de
Director y llega hasta el ámbito judicial y de la PSC, se completa con dos proyectos mas presentados
hoy, para incluir en el ámbito educativo
un programa de “Prevención de la Drogadicción y las Adicciones” y otro para unificar los programas destinados
a la prevención en todo el ámbito santacruceño. Esta mañana, ingresó a Diputados una serie de proyectos
presentados por el diputado peronista Alejandro Victoria, todos ellos
orientados a la problemática de las adicciones. El primero tiene por objeto la detección y el
tratamiento de la drogadicción en el ámbito estatal de la Provincia de Santa Cruz
y comprende a los funcionarios que
integren el Poder Judicial (Magistrados en todos su niveles, funcionarios constitucionales, de ley y
Jueces de Paz); miembros del Consejo de la Magistratura,
miembros del Poder Legislativo, hasta el nivel de Director; del Poder
Ejecutivo, hasta el rango de Director Provincial; miembros de los Órganos de
Contralor (Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Tribunal Disciplinario
hasta el rango de Director o su equivalente) ; miembros de los organismos
autárquicos, centralizados y descentralizados, empresas o sociedades del
estado.
También contempla a los integrantes del estado en
sociedades donde este tenga participación y demás funcionarios que requieran
acuerdo legislativo para su nombramiento, miembros de las comunas, concejos
deliberantes y comisiones de fomento, hasta el nivel de Director y efectivos
policiales en todas sus jerarquías. El Programa de Detección y Tratamiento de la Drogadicción en el
Ámbito Estatal, se creará en la jurisdicción del Ministerio de Salud, bajo la
premisa de detectar, generar diagnostico, tratamiento y rehabilitación de la
persona que consume drogas en el ámbito
estatal, en vistas de garantizar el
derecho y la protección de su salud.
Asimismo, el proyecto de Victoria pretende garantizar la
asistencia integral a las personas afectadas por el consumo de drogas, en
condiciones de equidad con otros problemas de salud y promover medidas que
tiendan a modificar las actitudes, los comportamientos para el mejoramiento de
la calidad de vida y la eliminación de la dependencia de la droga. Para ello, el programa habilitará a la realización de
controles toxicológicos destinados a la detección de drogas en cada organismo
estatal; así como también diseñará las políticas asistenciales orientadas a
personas que presenten relaciones patológicas con el consumo de drogas. En este
punto, será imperiosa la coordinación de esta iniciativa con todos los
organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y los
gobiernos municipales, promoviendo la realización de acuerdos, para la
prevención y asistencia de las adicciones.
En su artículo noveno, la iniciativa sostiene que “todos
los funcionarios comprendidos en el artículo N° 3 de la presente ley deberán realizarse
obligatoriamente los exámenes de rinoscopia, conjuntamente con los
exámenes bioquímicos y/o médicos que resulten pertinentes para
determinar la ausencia, en su organismo, de estupefacientes y/o demás sustancias ilegales”.
Estos controles se realizarán obligatoriamente en el
primer trimestre de cada año y los funcionarios que asuman sus funciones por
fuera de dicho período, ya sea por elección, designación o concurso, tendrán un
plazo máximo de 30 días para realizarse dichos controles.
“En caso de que los obligados a los controles no
concurran voluntariamente en el plazo estipulado, el programa deberá dentro de
los quince (15) días de vencido el plazo del presente articulo, citarlos
fehacientemente para realizar dichos controles. La no concurrencia en tiempo y
forma dará lugar a las sanciones previstas en la presente ley” aclara el texto.
Vale aclarar que los datos obtenidos en los exámenes
serán protegiendo la intimidad y la confidencialidad de la persona, empero, “la
persona cuyas pruebas arrojen resultados positivos como consecuencia del
consumo de drogas, deberá ser invitada a participar voluntariamente en los
servicios de tratamiento que brinde el programa”.
Unificación de acciones
En paralelo, el diputado Victoria presentó otro proyecto
de ley que tiene por objeto la organización general, en jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz,
del conjunto de intervenciones y acciones sistemáticas llevadas a cabo por
organismos gubernamentales y no gubernamentales destinados a la prevención de
las adicciones y a la asistencia, tratamiento, rehabilitación y reinserción
social de las personas que padecen adicciones.
Entre otros aspectos, esta iniciativa busca determinar
el perfil epidemiológico del uso de drogas en la población santacruceña,
realizando a su vez el seguimiento de los indicadores sanitarios más
significativos, garantizar la capacitación permanente al personal que
desarrolle actividades en el marco de las políticas de asistencia y prevención
y propiciar cambios culturales respecto del fenómeno adictivo, partiendo de la
difusión de información científicamente validada, en el marco de estrategias de
intervención social que posibiliten la comprensión y el compromiso con la
problemática, por parte de la comunidad.
“Básicamente lo que buscamos es que la provincia tenga
una herramienta propia para combatir este flagelo , y que se lo haga desde una
perspectiva en la que se puedan dejar de lado algunos mitos como por ejemplo
que el adicto es inmoral o merece castigo, cuando en realidad hay que ayudarlo,
esa es la obligación del estado” apuntó el parlamentario.
Prevención obligatoria en el ámbito educativo
Finalmente, el tercer proyecto que Victoria presentó en
la jornada de hoy, relativo a la prevención y lucha contra las adicciones, es
la creación de un programa preventivo que, de forma obligatoria formará parte
del Consejo Provincial de Educación.
El mismo, será
destinado a todos los niveles del
sistema educativo provincial, y deberá acercar a los alumnos información acerca
de tipos de drogas legales e ilegales y
sus características, las causas, efectos y motivos que produce las adicciones
sobre el individuo consumista, su entorno, la familia y la sociedad, los daños
sobre la salud física y psíquica del adicto, las consecuencias legales y la
interacción de las escuelas con la institución policial, los organismos para la
recuperación del adicto y con organizaciones que luchan contra esta
problemática.
En su artículo segundo, el proyecto pone de manifiesto la necesidad de
“prevenir el inicio en la drogadicción y las distintas adicciones de los
adolescentes y jóvenes de la
Provincia; a través del conocimiento y conscientización de
las causas y efectos que producen las diferentes drogas legales y no legales”
No hay comentarios.:
Publicar un comentario