Lo diputados del Frente para la Victoria – Partido Justicialista,
analizaron los dos proyectos que fueron presentados por los legisladores Oscar
Sandoval y Claudia Martínez respecto de la erradicación en Santa Cruz de la
trata de personas, partiendo del análisis de la legislación nacional vigente - que
incorporó este delito a los Códigos Penal y Procesal Penal, siendo éstas de orden
público, por lo que no requieren de la adhesión de las provincias – y teniendo
en cuenta las Directrices y Puntos Focales que establece el Protocolo Nacional
para la aplicación de la norma nacional, compromiso de implementación asumido
por el Poder Ejecutivo provincial en los años 2008 y 2012.
En ese sentido, luego de la contraposición de ambos proyectos, y evaluar
en cada punto cuál de las dos alternativas era la mejor de las opciones en lo
que respecta no sólo a la existencia de establecimientos que propician la trata
de personas, sino también la diagramación de protocolos de rescate y asistencia
a las víctimas, se acordó la creación de estructuras gubernamentales que lleven
adelante esta tarea y una instancia en la que se definan, se delineen y se coordinen
políticas públicas para la erradicación de este flagelo.
Es así que dentro del articulado de la normativa que se consensuó, quedó
establecida “la prohibición de la instalación, funcionamiento, regenteo,
sostenimiento, promoción, publicidad, administración, explotación y/o
habilitación comercial bajo cualquier forma, modalidad o denominación de manera
ostensible o encubierta, de establecimientos o inmuebles públicos o privados
y/o locales comerciales bajo cualquier forma, cuando sus propietarios o administradores
obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio
de la prostitución ajena, donde se facilite el proxenetismo o cualquier modo de
explotación de personas”.
Se crea a su vez la Mesa Interministerial para la Lucha contra la Trata
y Explotación de Personas y para la Asistencia de las víctimas – bajo la órbita
de la Jefatura de Gabinete de Ministros – con el fin de constituir un ámbito
permanente de acción y coordinación institucional, la que estará integrada por los
ministerios de Gobierno, Desarrollo Social, Salud y Economía y Obras Públicas, las
secretarías de Estado de Derechos Humanos, de Trabajo y Seguridad Social,
subsecretarías de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Mujer, como así también
el Consejo Provincial de Educación.
Con relación a los equipos de intervención, se crea la Oficina de
Rescate de Personas Victimas de Trata y de Explotación, en el ámbito del
Ministerio de Gobierno, que implementará en todo el territorio provincial el
Protocolo de Actuación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las
personas damnificadas por el delito de trata, conforme a lo establecido en el Anexo
Primero de la Resolución 1932/12 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación.
Entre sus objetivos, se destacan el diseño de “estándares de actuación,
protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir, combatir y
rescatar victimas de trata de personas en concordancia con los Protocolos
Nacionales”; “prever e impedir cualquier forma de re-victimización de las
víctimas de trata y explotación al momento del rescate”; “capacitar y
especializar a los funcionarios públicos de todas las instituciones vinculadas
a la protección y asistencia a las víctimas, así como a las fuerzas policiales,
instituciones de seguridad y funcionarios encargados de la persecución penal y
el juzgamiento de los casos de trata de personas con el fin de lograr una mayor
profesionalización” y “asegurar en la primera etapa de la intervención la
asistencia médica inmediata; psicológica, jurídica y la cobertura de las
necesidades prioritarias de albergue, alimentación y vestimenta velando por la
protección integral de sus derechos, su seguridad e integridad física”, entre
otros.
Así mismo, la Ley prevé la creación de la Oficina de
Asistencia a Personas Víctimas del Delito de Trata y Explotación, que dependerá
del Ministerio de Desarrollo Social, teniendo como misión implementar en todo
el ámbito de la provincia un Protocolo de intervención que asegure el
cumplimiento de los principios básicos establecidos por el Protocolo Nacional
de Asistencia a las víctimas de trata y explotación y las Directrices de los
Puntos Focales que fueron suscriptos oportunamente por el Gobierno Provincial.
Esta Oficina, velará por “el restablecimiento y
ejercicio de los derechos de las víctimas, por medio de la implementación de
estrategias integrales con enfoque territorial que involucren las áreas
médicas, psicológicas, social, jurídica, educativa y de generación de ingresos,
buscando brindar una asistencia integral de las víctimas”, con una actuación en
dos etapas: la primera, brindado alojamiento, asistencia médica, atención
psicológica individualizada, asistencia social, espacios de recreación,
asesoramiento jurídico, provisión de documentación, condiciones de seguridad,
retorno voluntario asistido; y una segunda etapa, en la que se implementaran “acciones
tendientes al auto-valimiento y empoderamiento de las víctimas para la
reconstrucción de su proyecto de vida”.
Finalmente, se informó que además de los autores de los proyectos,
participaron del análisis realizado en el bloque del Frente para la Victoria,
los diputados Leonardo Álvarez, Stella García, Rubén Contreras, Darío Galbán,
Carlos Albrieu, Silvio Suárez, Martín Paiva, Roberto Fernández, Miguel Guanes y
Jorge Arabel.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario