A principios de agosto y
desde su lugar de detención, la alcaidía de Pico Truncado, Víctor
Cingolani celebraba por anticipado que iba a quedar libre en cuestión de
horas, tal como lo manifestara a distintos medios televisivos de Buenos
Aires con los que se contactó telefónicamente. Basaba su
expectativa en que los propios miembros del tribunal de la Cámara del
Crimen de Caleta Olivia que lo juzgó y condenó a 13 años de prisión, le
habían concedido la libertad provisoria, entendiendo que ese beneficio
corresponde a quienes ya cumplieron tres años de condena y no tienen
sentencia firme, la cual oportunamente había sido apelada ante el
Superior Tribunal de Justicia.
Además, si bien Cingolani fue juzgado
y condenado a mediados de julio de 2012, se encuentra detenido desde
pocos días después que ocurrió el asesinato de Johana, es decir desde
2010.
Pero el lunes 5 de agosto, tal como lo había anticipado Diario
Patagónico, el defensor Lucas Chacón fue notificado que el fiscal
Ramiro López Chiartano frenó el auto de liberación al interponer un
recurso de apelación a la resolución de los jueces Juan Pablo Olivera,
Cristina Lembeye y Graciela Ruata de Leone.
Chacón se comunicó
inmediatamente con su defendido para informarlo de ese revés legal y al
mismo tiempo le hizo saber que acudirá a la instancia superior para su
libertad, es decir ante el Superior Tribunal de Justicia, lo que
implicaba otro pedido de resolución en casación.
No sería viable
Ante este nuevo planteo, fuentes confiables del máximo organismo
judicial de la provincia dieron a entender que el pedido de libertad es
“abstracto”, es decir que puede interpretarse como fuera de la realidad o
que, en todo caso, no es materia de resolución prioritaria en este
particular caso judicial.
Es que, según se explicó a este diario, el
STJ tiene que resolver en principio otros dos recursos de casación
originados por el hecho que también hay otro condenado por el mismo
crimen: Marcos “el Tosco” Díaz, quien también fue considerado autor
material por otro tribunal. Chacón acudió a esa instancia por
Cingolani y Carlos Toledo Vargas por Díaz, por lo cual el STJ debe
resolver en principio esta difícil encrucijada de sentencias que no
tiene precedentes, teniendo en cuenta los fundamentos de los reclamos
que ya enviaron los letrados defensores. Además, sobre todo en este
caso, los tiempos de la justicia no serán inmediatos y en consecuencia,
el fallo recién se dará a fines de octubre y principios de noviembre de
este año.
Puede ocurrir que el STJ encuentre pruebas de que los dos
condenados son responsables del crimen, en distintos niveles de
participación, o que considere a uno de ellos inocente, por lo cual el
recurso de pedido de libertad para Cingolani está supeditado a esa
instancia y consecuentemente hoy por hoy es “abstracto”.
Pero
además, las fuentes consultadas por Diario Patagónico fueron claras al
señalar que existen normativas legales que indican que se puede otorgar
la libertad a una persona imputada en un hecho delictivo que haya estado
preso durante tres años y no haya sido juzgado (como ocurrió con
algunos imputados en el crimen del policía Jorge Sayago). Pero este
no es el caso de Cingolani, que ya fue juzgado y sentenciado por un
tribunal de primera instancia y por ello llama la atención que sus
miembros resolvieran su libertad provisoria (revocada por el recurso del
fiscal López Chiartano) e incluso haya aceptado que el condenado haya
ofrecido como garantía una fianza de aproximadamente 200 mil pesos, que
en parte fue cubierta por una camioneta de alta gama que pertenece a su
familia. (El Patagonico)

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