La defensora oficial de El Calafate, Ethel Gassman, está intimando al Gobierno Provincial para que cumpla en el nombramiento de funcionarios que se responsabilicen del área pertinente al cumplimiento de las leyes que defienden los derechos de la niñez y adolescencia.
Al mismo tiempo, le solicitó a la juez civil y de familia de El Calafate que interrogue a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y que se giren las actuaciones a la Fiscalía local para que se investigue si funcionarios provinciales no incurrieron en delito al desatender el caso del chico Francisco Andrade.
El tema es uno de los desprendimientos del reciente hecho de Tres Lagos, donde un chico de 13 años se suicidó, luego de una crisis familiar en la que debería haber tomado acción el área de Niñez del Gobierno Provincial, lo que finalmente no ocurrió. El caso dejó al descubierto las falencias que el Estado tiene en esa materia a nivel provincial, y por consecuente en los poblados de su dependencia, como el caso de las comisiones de fomento.La Defensoría Oficial de El Calafate tiene jurisdicción en esa ciudad y en dos comisiones de fomento: El Chaltén y Tres Lagos.
Esa oficina judicial actuó en el caso del chico Francisco. Al recibir el aviso de las actuaciones policiales en el mes de diciembre del año pasado, las que indicaban que el chico denunciaba malos tratos de su madrastra, la Defensoría radicó la denuncia ante el Juzgado de Familia, donde comenzó a tramitarse el tema.
Ahora la defensora Ethel Gassman pidió al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz que informe quién o quiénes son las personas responsables de aplicar la Ley Nacional 26.061 y la provincial 3.062, de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.
Esta corresponsalía de La Opinión Austral conoció que el pedido está basado en que la información obrante en esa Defensoría es la que le indicó a la funcionaria que no hay funcionarios nombrados en las áreas.
La Defensoría calafatense advirtió a las autoridades provinciales que de ser así, se está dejando “sin cobertura” a localidades del interior provincial, para los casos de seguimientos y cese de situaciones que vulneran los derechos de los niños y adolescentes.
En una comunicación dirigida a las autoridades del Ministerio provincial, la Defensoría confirmó que el caso de Tres Lagos dejó en evidencia la “ausencia” de funcionarios en esas áreas provinciales, violando las leyes vigentes.
Fiscalía
La misma Defensoría solicitó que la Fiscalía de Instrucción Penal investigue la posible responsabilidad del Gobierno Provincial en el hecho de Tres Lagos.
Según las actuaciones que esa Defensoría tuvo al momento de conocer la denuncia del chico por supuestos “malos tratos”, en audiencia del 17 de diciembre el padre y madrastra se comprometieron a buscar un tratamiento sicológico para el niño, lo cual no se habría cumplimentado.
Al mismo tiempo, desde el Juzgado de Familia se había enviado un oficio que no fue contestado por la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia.
La falta de atención de la Subsecretaría y Dirección Provincial en el caso de Tres Lagos, al entender de la defensora, configura una grave violación a la ley vigente, lo que podría hacer surgir una posible figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
También le pidió a la juez de Familia que se interrogue a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para que informen sobre su actuación en el caso.
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