La Justicia de Chile acusó este viernes a 53 exagentes de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), policía política de la
dictadura de Augusto Pinochet, por la muerte y desaparición de seis
líderes comunistas -opositores a la dictadura-en 1976. En torno al caso, declaró ante los medios el abogado de las familias
de las víctimas, Eduardo Contreras, quien había presentado centenares de
querellas contra el dictador. “Es una decisión histórica”, sostuvo. La decisión fue tomada por el juez Miguel Vásquez, y tomó como basamento años de investigaciones. Las víctimas, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda,
Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Waldo Pizarro, fueron torturadas por
meses en una cárcel secreta en la capital chilena.
En los hechos, al parecer, participaron varias mujeres, entre ellas Adriana Rivas, quien reside actualmente en Australia.
Sin embargo, debido a las acusaciones, el abogado Contreras no
desestima que sea extraditada. “De acuerdo a la actual institucionalidad
que une a Chile y Australia, ésta es perfectamente viable”, dijo.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, celebró los avances en la causa de su
padre, Waldo Pizarro. Sin embargo, criticó los beneficios otorgados
recientemente a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Sostuvo que “por desgracia, tenemos un Estado que indulta o da beneficios carcelarios a los que cometieron tanta barbaridad”. Organizaciones sociales estiman que, durante la dictadura de
Pinochet, unos tres mil 200 chilenos murieron a manos de agentes
estatales y otros 34 mil fueron encarcelados y torturados por motivos
políticos, de los cuales mil 192 aún están registrados desaparecidos.

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