Un nuevo embargo de magistrados contra las cuentas provinciales sacudió ayer al Gobierno que busca alternativas para frenar los amparos que ya le significaron 40 millones de pesos en dos meses. El ministro de Gobierno, Javier Touriñán, afirmó que no se verán afectados los sueldos de los trabajadores, pero alertó que corre riesgo la negociación paritaria y la realización de obras de infraestructura. Hubo cumbre de ministros y diputados provinciales buscando una alternativa legal que frene la embestida que pone en jaque al Estado chubutense.
Otros 14 millones de pesos fueron embargados ayer de las cuentas del Estado provincial por los amparos de magistrados que reclaman una actualización de haberes. En total ya superan los 40 millones de pesos en dos meses los afectados causando un golpe a la economía provincial que preocupa sobremanera a las autoridades.
Héctor Eduardo Freile es el nuevo conjuez que está actuando desde Comodoro Rivadavia en los últimos embargos, luego de que fuera suspendido Francisco Romero por el Colegio Público de Abogados, por dos denuncias de «mala praxis». El Banco del Chubut fue notificado ayer por la mañana del nuevo embargo que inmediatamente procedió a cubrir como viene haciendo desde que comenzó la catarata de amparos.
«Estamos evaluando cuál es el instrumento legal para evitar los embargos, algún coto hay que ponerle y algo vamos a estar enviando en estos días a la Legislatura», dijo ayer el ministro Touriñán luego de una reunión que mantuvo junto al ministro Coordinador, Carlos Eliceche, la titular de Economía, Gabriela Dufour, y los diputados del FPV Argentina Martínez, Héctor Trotta y Gustavo Reyes.
Confirmó que el monto total de los embargos hasta ayer «supera los 40 millones de pesos» y «a esta altura nos ponemos a evaluar si vamos a pagarles los embargos que nos están metiendo los jueces, o arreglamos las comisarías», dijo con ironía dado que la Justicia también intimó al Gobierno por el estado de los lugares de detención.
Le reclamó a los magistrados «ser un poco más coherentes con las cosas que hacen y que predican, algunos en la apetencia personal de sobredimensionar sus propios ingresos no piensan en la necesidad común de los habitantes de la provincia».
Y agregó: «¿Qué recursos no destinamos a la atención de gente que está con necesidades insatisfechas?, ¿o qué equipamiento no compramos para el interior de la provincia? ¿O les mandamos menos leña a los que se están cagando de frío, mientras ellos están calentitos en su despacho?, ¿o destinamos fondos para que ellos puedan cobrar los sueldos?». Pese a la crítica situación suscitada por las demandas de magistrados, el ministro Touriñán enfatizó que «los pagos de sueldos los vamos a garantizar porque el derecho de los trabajadores es inalterable, vamos a estar cumpliendo a como dé lugar, yo quiero llevar tranquilidad, no corre riesgo ni va a correr riesgo».
Pero reconoció el ministro de Gobierno que tal vez «no vamos a poder avanzar en alguna obra, en algún desarrollo de infraestructura, no vamos a poder desarrollar una cuestión de planificación, llegar a las comunas rurales con algo, o sea ante una emergencia se nos va dificultar con fondos rápidos». Y agregó que «hasta se va a complicar la paritaria».
Explicó que desde el Gobierno hay voluntad de pago del acuerdo firmado en su momento con la Asociación de Magistrados pero entendiendo que son 170 los beneficiarios y no 600 como plantea la otra parte. «No tienen derecho, no están comprendidos dentro de lo que origina el reclamo, si se interpretan ellos y se juzgan ellos, yo también puedo interpretar que soy alto, lindo, rubio y de ojos celestes, joven y sin panza, pero eso lo interpreto yo».
Héctor Eduardo Freile es el nuevo conjuez que está actuando desde Comodoro Rivadavia en los últimos embargos, luego de que fuera suspendido Francisco Romero por el Colegio Público de Abogados, por dos denuncias de «mala praxis». El Banco del Chubut fue notificado ayer por la mañana del nuevo embargo que inmediatamente procedió a cubrir como viene haciendo desde que comenzó la catarata de amparos.
«Estamos evaluando cuál es el instrumento legal para evitar los embargos, algún coto hay que ponerle y algo vamos a estar enviando en estos días a la Legislatura», dijo ayer el ministro Touriñán luego de una reunión que mantuvo junto al ministro Coordinador, Carlos Eliceche, la titular de Economía, Gabriela Dufour, y los diputados del FPV Argentina Martínez, Héctor Trotta y Gustavo Reyes.
Confirmó que el monto total de los embargos hasta ayer «supera los 40 millones de pesos» y «a esta altura nos ponemos a evaluar si vamos a pagarles los embargos que nos están metiendo los jueces, o arreglamos las comisarías», dijo con ironía dado que la Justicia también intimó al Gobierno por el estado de los lugares de detención.
Le reclamó a los magistrados «ser un poco más coherentes con las cosas que hacen y que predican, algunos en la apetencia personal de sobredimensionar sus propios ingresos no piensan en la necesidad común de los habitantes de la provincia».
Y agregó: «¿Qué recursos no destinamos a la atención de gente que está con necesidades insatisfechas?, ¿o qué equipamiento no compramos para el interior de la provincia? ¿O les mandamos menos leña a los que se están cagando de frío, mientras ellos están calentitos en su despacho?, ¿o destinamos fondos para que ellos puedan cobrar los sueldos?». Pese a la crítica situación suscitada por las demandas de magistrados, el ministro Touriñán enfatizó que «los pagos de sueldos los vamos a garantizar porque el derecho de los trabajadores es inalterable, vamos a estar cumpliendo a como dé lugar, yo quiero llevar tranquilidad, no corre riesgo ni va a correr riesgo».
Pero reconoció el ministro de Gobierno que tal vez «no vamos a poder avanzar en alguna obra, en algún desarrollo de infraestructura, no vamos a poder desarrollar una cuestión de planificación, llegar a las comunas rurales con algo, o sea ante una emergencia se nos va dificultar con fondos rápidos». Y agregó que «hasta se va a complicar la paritaria».
Explicó que desde el Gobierno hay voluntad de pago del acuerdo firmado en su momento con la Asociación de Magistrados pero entendiendo que son 170 los beneficiarios y no 600 como plantea la otra parte. «No tienen derecho, no están comprendidos dentro de lo que origina el reclamo, si se interpretan ellos y se juzgan ellos, yo también puedo interpretar que soy alto, lindo, rubio y de ojos celestes, joven y sin panza, pero eso lo interpreto yo».
Fuente: (Infoglaciar).
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